El texto, que analiza el grado de transparencia de la Santa Sede y del Estado del Vaticano,
valora los avances legislativos dados en el último año en términos de
control financiero (el Vaticano solicitó la evaluación de Moneyval en
abril de 2011), aunque arroja muchas dudas sobre su aplicación efectiva y
revela importantes problemas de transparencia.
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