El gobierno de Estados Unidos, dictaminó ayer que solo el Gobierno federal tiene el poder para dictar
leyes contra la inmigración ilegal y que Arizona fue demasiado lejos al
promulgar la lEl más alto tribunal de EE UU dejó sin efecto la mayoría de sus
disposiciones excepto quizá la parte más polémica, aquella que permite a
la policía comprobar el estatus migratorio de quien considere
necesario. “Papeles, por favor”, como popularmente se conoce la
disposición, puede aun así ser objeto de demandas legales adicionales,
argumentan los jueces.
Esta parte de la ley fue la que movilizó a los hispanos de Arizona, acosados por los agentes del sheriff Arpaio, conocido por sus declaraciones indisimuladamente racistas. Tras la sentencia del Supremo, la policía podrá seguir parando a alguien si “hay sospecha razonable de que está en EE UU de forma ilegal”, algo insólito en un país donde ni siquiera existe el carnet de identidad.
Arizona puede tener frustraciones entendibles con los problemas que causa la inmigración ilegal”, ha escrito el juez Anthony Kennedy como argumento de la mayoría.
Los jueces Ruth Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y el jefe del
Tribunal, John Roberts, se sumaron a la opinión de Kennedy, que concede
muy poca autoridad a los Estados en materia de inmigración. Los
magistrados Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito escribieron
cada uno alegatos particulares. El más duro de todos ellos fue Scalia,
al plantear que la soberanía de Arizona ha quedado desprotegida, ya que
como Estado “no puede excluir a personas de su territorio que no.
SILVIA
